Núñez: “Hubo espionaje ilegal de los servicios en democracia”

Rendición de Cuentas, batería de leyes de avance popular e investigación de Archivos de Inteligencia, prioridades para el 2017.

 Omi Cazarré

 EL POPULAR dialogó con el diputado Gerardo Núñez, 1001-5005- Frente Amplio, sobre las prioridades de las tareas parlamentarias de ese sector frenteamplista para el año en curso.

 -El 2017 va a ser un año movido en cuanto a la actividad parlamentaria. ¿Cuáles son los objetivos de la bancada 1001-5005 en la Cámara de Diputados para lo que se viene?

 En términos generales, lograr acercar lo más posible nuestro trabajo parlamentario a la realidad social, y al mismo tiempo, que esa realidad que pueda incorporarse con una dinámica fuerte a la agenda política a nivel parlamentario. En ese contexto es fundamental tener presente que vamos a estar discutiendo nada menos que la Rendición de Cuentas y la proyección presupuestal para lo que resta del quinquenio de gobierno. Vamos a estar también, por los intereses populares, desarrollando la investigación relativa al espionaje que se realizó sobre partidos políticos, organizaciones sociales y personalidades en nuestro país por parte de los servicios de inteligencia del Estado.

También dándole impulso a los proyectos de ley, que para nosotros son muy importantes, que tienen que ver con transformar la vida de la gente, la vida de nuestro pueblo. Allí tenemos tres proyectos que vale la pena repasar, como el de Ley de Alquileres, como el de Empleo para Personas con Discapacidad -que, si bien está en la Cámara de Senadores y fue aprobado por unanimidad en Diputados, aún hay que empujarlo- y la Ley de Trabajo Nocturno, también votada por unanimidad en Diputados. Estos tres puntos son una hoja de ruta para este año, que tiene que ser obviamente de mucha profundización, de muchas transformaciones, acudiendo a la movilización social y popular para hacer avanzar todo lo que se necesita en términos programáticos.

 -En 2016 la discusión en la Rendición de Cuentas fue muy intensa. De esa discusión nació un grupo que quedó encargado de proponer alternativas para buscar recursos presupuestales. ¿Cómo viene desarrollando el trabajo esa comisión y cuál es el enfoque de la 1001 para aumentar u orientar los gastos en la próxima Rendición?

 Ya se conformó el grupo que va a estar trabajando las exoneraciones, como título general. También la propuesta que había realizado el Presidente Vázquez en torno a la conformación de un grupo integrado por legisladores y miembros del Poder Ejecutivo para analizar formas de crear nuevos ingresos presupuestales, en un sentido más abarcativo. Estos dos grupos van a estar funcionando ya la próxima semana, y es algo que nos parece muy importante.

 Al mismo tiempo nosotros vamos produciendo, como 1001, un conjunto de propuestas que son muy necesarias para financiar el programa de transformaciones, para financiar los cambios que el Uruguay necesita para no detenerse, para seguir ese camino de avances que inició el Frente Amplio que redundó en mejores condiciones de vida para nuestro pueblo. Hoy necesitamos generar nuevos ingresos, necesitamos discutir algunas de las exoneraciones impositivas que están presentes para volcar esos recursos en pos de lo antes dicho.

 La discusión central que pretendemos instalar en este sentido es que es hora de que se afloje el componente de carga tributaria de los sectores trabajadores y sectores medios en la globalidad de ingresos que tiene el Estado y que se recurra a aquellos sectores mucho más dinámicos, más poderosos, que concentran mucha riqueza en nuestro país. Es allí donde debemos apuntar las baterías. La mayor carga tributaria tiene que estar justamente en aquellos sectores con mayor capacidad.

 En este contexto para nosotros es una propuesta significativa rediscutir el impuesto al patrimonio. Ese impuesto es uno de los que grava la riqueza y, paradójicamente, es un impuesto que exonera más de lo que recauda. Esto nos da una idea de cómo está considerada la riqueza en nuestro país; no está gravada como debería.

 Otra propuesta está vinculada al IVA a los juegos de azar. Hoy esa actividad está exonerada de ese impuesto; es una renuncia de recursos muy importante que realiza el Estado, que realizamos todos los uruguayos, para financiar juegos que tienen distintas consecuencias como la ludopatía, que ha destruido familias y personas. O sea que los juegos de azar no son una actividad estratégica para el país y por tanto no merecen tener ese nivel de exoneración que en algunos años ha alcanzado los 50 millones de dólares. Evaluamos otras propuestas, pero estas dos nos parecen centrales apuntando a lo que refiere el programa del Frente Amplio, que señala claramente la necesidad de avanzar en mayor justicia tributaria. Que paguen más los que tienen más y que paguen menos los que tienen menos, esto es lo que va a guiar nuestro trabajo de cara a la Rendición de Cuentas y el Presupuesto.

 “Hubo espionaje ilegal en democracia”

 -A fines de 2016 se sacudió la escena política con la aparición del llamado “Archivo Castiglioni” y el supuesto espionaje ilegal en democracia por parte de los Servicios de Inteligencia. En tu calidad de Presidente de la Comisión Investigadora que se formó a tales efectos, ¿cómo se viene desarrollando el trabajo y cuáles son las metas?

 Establecer la metodología de trabajo de espionaje, cómo se infilitraron y para qué, con qué motivos, son las metas que tenemos para el trabajo de la Comisión Investigadora por Espionaje en Democracia. Hoy lo que estamos en condiciones de afirmar, categóricamente, es que existieron en nuestro país, desde 1985 hasta por lo menos 2004, contundentes tareas de espionaje sobre partidos políticos y organizaciones sociales. Dentro de los partidos políticos obviamente se encuentran sectores de izquierda, y con particular saña sobre el Partido Comunista. Eso es lo que confirman los archivos a los cuales hemos accedido.

 Esto es muy importante porque uno de los objetivos de la Comisión era establecer si se confirmaba o no esa presunción que teníamos en la Cámara de Diputados y sí, confirmamos que existió espionaje ilegal. Los archivos con los que contamos dan cuenta de la existencia de estas labores de inteligencia ilegales, que violentaron la Constitución y las leyes, y que tuvieron como principal cometido trancar procesos de verdad y justicia, trancar los caminos para conocer el paradero de nuestros compañeros y compañeras desaparecidas, frenar el avance de la Justicia, intentando “salvar” a los responsables de los crímenes de lesa humanidad cometidos en dictadura. Pero también la infiltración con objetivo de destruir partidos políticos y organizaciones sociales. No creemos que haya tenido solamente un objetivo de recoger información, sino para realizar acciones de contrainteligencia con el cometido de destruir pilares fundamentales de la lucha popular.

 Parte de los objetivos que tenemos hacia adelante es establecer si estos servicios de inteligencia -dentro de las Fuerzas Armadas, la Policía en incluso agencias internacionales- tuvieron autonomía o no del poder político de cada época. Sabemos que estas estructuras se movieron con total impunidad; lo que es claro es que se han financiado los servicios de inteligencia por parte del Estado y es importante que los uruguayos pidamos cuentas de en qué se gastaron estos dineros, si se usaron para investigar personas, partidos, que no son ilegales, ni terroristas. Quizá para algunos militares, para algunas personas, algunas organizaciones seguían siendo merecedoras de los rótulos que llevaban en los años de la dictadura.

 Habrá que investigar para establecer si existieron responsabilidades civiles y políticas sobre estas prácticas de espionaje realizadas al margen de la ley, al margen de la Constitución, que violaron derechos elementales de los ciudadanos en el Uruguay. Y como Partido Comunista debemos tomar en cuenta medidas orgánicas para estar resguardados lo más posible de este tipo de prácticas y operaciones que no podemos descartar que sigan existiendo.