Represores van a ser conducidos por la Policía a declarar

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Jueza y fiscal reaccionaron ante su negativa a concurrir en causas por violaciones a los DDHH

GM

El juicio por torturas y desapariciones en el centro clandestino de reclusión de La Tablada, sigue en marcha a pesar de las dilatorias de los represores. Esta semana se realizaron dos nuevas audiencias, el martes y el jueves, donde fueron citados 5 represores y este viernes declararán sobrevivientes de ese centro de tortura.

EL POPULAR dialogó con Pablo Chargoñia, abogado de la causa e integrante del Observatorio Luz Ibarburu, para conocer la marcha de la misma en sede penal.

La Tablada estuvo activo como centro de tortura y represión entre 1977 y 1983, pasaron cientos de presos y presas por allí, hubo al menos 13 desapariciones, y hay varias causas penales abiertas, las citaciones de esta semana corresponden a la demanda colectiva presentada por sobrevivientes y familiares de las víctimas.

Las audiencias se realizaron en el juzgado penal de 25° turno a cargo de la jueza María Noel Tonarelli.

Chargoñia informó que “la denuncia fue presentada en el año 2011, la jueza dispuso una serie de audiencias con represores y con víctimas de la tortura, y con personas que originariamente tenían militancia política y pasaron a colaborar con la represión”.

El abogado destacó que de los represores citados solamente se presentó Enrique Uyterhoeven, alias Ulises, “que está perfectamente identificado por las víctimas y que hizo el planteo que suelen hacer todos los violadores de Derechos Humanos, que es escudarse en el transcurso del tiempo y reclamarle a la justicia que la causa estaría prescripta. También pidió que se suspendiera la audiencia, pero la jueza no hizo lugar a ese pedido, de modo que tuvo que comparecer, y allí se negó a declarar hasta que se resuelva su recurso de prescripción. Este recurso va a ser contestado por la Fiscalía Especializada, sabemos que este dictamen será de rechazo en función de los pronunciamientos que la Fiscalía ya ha hecho considerando a los crímenes de lesa humanidad como imprescriptibles, y es altamente probable que la jueza también lo rechace”.

“Lo importante en la actitud de la jueza Tonarelli, agregó, es que este tipo de planteo no interrumpen las audiencias que había fijado. Eso implica que no se transforme en una dilatoria más y habrá audiencias este viernes y la semana que viene”.

Chargoñia explicó que hay varias causas presentadas por La Tablada, “esta es presentada por sobrevivientes, en tanto soportaron el tormento, soportaron la tortura y hoy dan testimonio, pero hay expedientes por la desaparición de Omar Paitta, Oscar Tassino, Miguel Mato, y Félix Ortiz, y otros compañeros”.

El abogado explicó que también estaban citados otros represores: Wellington Sarli, que actualmente está en Chile, Jorge Grau y Jorge Gundelzoph, alias el Charleta, expulsado del PCU por colaborar con la represión y luego personero de la Secta Moon. “En el caso de estos dos último la jueza dispuso su conducción por la Policía luego de verificar que fueron citados y no comparecieron”.

Los pedidos del fiscal sobre las torturas en Treinta y Tres

Chargoñia también está a cargo del caso de las torturas a un grupo de adolescentes y jóvenes, militantes de la UJC, en 1975 en un cuartel de la ciudad de Treinta y Tres, sobre el que el fiscal especializado en causa de Terrorismo de Estado, Ricardo Perciballe, realizó un fuerte pronunciamiento y planteó una serie de medidas a la justicia.

Charogñia explicó que “este caso también es de 2011 y que habiendo una serie de represores perfectamente identificados por las víctimas nunca comparecieron al juzgado, entonces el fiscal hace unas afirmaciones muy críticas de la actuación de la justicia de Treinta y Tres, en el sentido que no se le otorga el mismo tratamiento a los militares violadores de los DDHH que a cualquier otro ciudadano, que cuando es citado por un juzgado va y comparece y si no lo hace es conducido por la Policía”.

Según informó en un comunicado el Observatorio Luz Ibarburu, el fiscal especializado en crímenes de lesa humanidad Ricardo Perciballe pidió nuevas medidas probatorias y de procedimiento en la causa de Treinta y Tres que patrocina el Observatorio Luz Ibarburu.     

En abril de 1975 el Ejército detuvo a treinta y nueve niños y jóvenes militantes de la Unión de Juventudes Comunistas (UJC) que tenían entre 13 y 18 años que fueron torturados en el Batallón de Infantería número 10. El caso es uno de los episodios más graves de la represión dictatorial por la edad de las víctimas y la magnitud de los derechos violados.

El 31 de octubre de 2011 las víctimas presentaron una denuncia penal y en abril del año siguiente ratificaron la declaración en el juzgado donde dieron el nombre de los militares responsables. Sin embargo, como observa Perciballe en el escrito que presentó a la actual jueza del caso Patricia Techera, en “siete años de instrucción no ha declarado un solo indagado, es más no se han dignado a comparecer a la Sede Judicial”. En efecto, como parte de la estrategia de obstrucción de la justicia, la defensa de los militares retirados Rubi Daniel Feola Núñez, Pedro Buzo Correa, Juan Luis Alvez García y Mohacir Leite Urioste pidió el archivo del expediente alegando la prescripción de los delitos. A su vez el médico Hugo Díaz Agrelo (ahora fallecido) pidió una excepción de inconstitucionalidad que paralizó la causa entre junio de 2012 y julio de 2014. Con estos recursos los indagados lograron detener la instrucción con cuestiones de procedimiento ajenas al centro del caso. “De los siete años de instrucción, cuatro se consumieron en resolver incidentes que debieron sustanciarse en piezas aparte”, concluye Perciballe.

El escrito ratifica la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad y la obligación del Estado de cumplir con las obligaciones que surgen de la sentencia de la Corte IDH en el caso Gelman en el sentido de que no puede haber normas que obstaculicen la investigación y sanción de los delitos por graves violaciones a los derechos humanos.

Perciballe solicitó una serie de medidas, entre las que pidió se proceda a conducir a cuatro militares que hace más de un año fueron citados a declarar y no se presentaron: “Cuando son citados policía y/o militares a declarar sobre temas vinculados al pasado reciente, no se presentan a la Sede y solo comparecen sus defensas (mediante escrito) a interponer la excepción de prescripción. Hecho constatable en el presente y que no se corresponde con lo que hacen los restantes ciudadanos del país que cumplen con su obligación de concurrir ante la citación de un Magistrado. Razón por la cual, solicita que se dé igual tratamiento a los citados en el presente que a los restantes indagados en las innumerables causas existentes en la Sede”.

Perciballe también solicitó una inspección ocular en el Batallón, que se oficie al Equipo Especial Auxiliar de la justicia en crímenes de terrorismo de Estado del Ministerio del Interior para identificar y citar a otros siete militares señalados por las víctimas como responsables de la tortura, y que se libre exhorto a Chile para pedir la extradición del militar retirado Wellington Sarli Posse. Entre las medidas probatorias pidió que se oficie al Departamento de Medicina Legal y Ciencias Forenses de la Facultad de Medicina para que haga un informe sobre las posibles consecuencias provocadas por el tipo de tortura que los jóvenes y las muchachas sufrieron en el cuartel.