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El día 30 de junio vencen más de doscientos convenios colectivos, por lo que la próxima 7ª ronda de Consejos de Salarios, será de dimensiones históricas, la más “grande” desde que se instalaron los ámbitos de negociación colectiva. Además, se desarrollará en un clima político especial desde que se escucharon las proclamas de los denominados “auto-convocados” colocando a los salarios de los trabajadores como una pesada “mochila” que afecta la competitividad y rentabilidad.

Aparentemente quedaron atrás los años de desaceleración económica, todo parece indicar -no hay analista, oficial o privado- que estime un crecimiento del producto interno bruto (PBI) para el año 2017 inferior al 3%, y de niveles similares para los próximos dos años. Incluso los pronósticos de las principales consultoras internacionales, y organismos como el Fondo Monetario Internacional (FMI) coinciden en que la economía empieza a expandirse a niveles significativos.

No obstante, ese escenario macroeconómico “alentador” nuestro país registra algunas dificultades para que dicho crecimiento sea acompañado de mejoras en los niveles de actividad laboral (empleo y desempleo). Posiblemente, la explicación de este fenómeno de expansión económica sin creación de puestos de trabajo (y desempleo estancado) esté vinculada al hecho de que la inversión -tanto pública como privada- se encuentran en niveles bajos.

La Inversión que siempre se había convertido en el principal motor explicativo del crecimiento del país, se ha estancado. Lo que ha llevado al gobierno a presentar una serie de medidas tendientes a estimular la inversión y el empleo. Evidentemente, es saludable para cualquier economía, particularmente para una de pequeñas dimensiones como la uruguaya, facilitar la inversión, en tanto, su efecto multiplicador, aunque no sistemáticamente sea creador de empleo o impulsora de dinámicas de contenido tecnológico. Es deseable, captar inversiones, generados de empleo, pero alineadas con un proyecto de modelo productivo encaminado al desarrollo nacional con justicia social.

No obstante, ello, cuestión que compartimos en términos generales. Nuestro país atraviesa un contexto económico y político particular que pone, en debate los salarios de los trabajadores, como variable de ajuste. Esto se ha puesto de manifiesto históricamente en el marco del capitalismo de manera evidente, lo que se ha expresado en términos de profundad desigualdad o concentración de los ingresos. En nuestro país a pesar de las características de ser administrado por una fuerza política de izquierda, que ha demostrado que se puede crecer y distribuir sin perjuicio para la economía; ha colocado a los salarios de los trabajadores muchas veces como variable a considerar para cumplir los objetivos de otras políticas.

Sin duda, la mejora de los salarios ha sido una política muy positiva, que no solo ha permitido recuperar los niveles perdidos durante la administración de Jorge Batlle, sino que posiblemente, se alcancen niveles de crecimiento real de los salarios muy próximos a los niveles previos a la dictadura. Pero eso sin duda, esto se debe al fuerte impulso que desde nuestra central sindical se ha llevado adelante, en promover y defender la negociación colectiva como instrumento democrático y distributivo.

Los salarios son el sustento básico del hogar, es una de las principales fuentes de ingreso y variable clave en el consumo -uno de los motores de crecimiento de nuestro país-. Pero el salario presenta un doble componente: es la principal fuente de ingreso del trabajador, pero también representa el “costo” en el proceso productivo desde la mirada empresarial. De modo tal, que siempre (el salario) ha operado como mecanismo de ajuste en función del grado de correlación de fuerzas del momento. También lo ha sido para los gobiernos de turno. Incluso bajo la administración del Frente Amplio, en oportunidad de combatir las presiones inflacionarias, se optó por considerar al salario como uno de los factores determinantes de la evolución de los precios, lo que llevó al gobierno a proponer políticas tendientes a reducir las presiones “de demanda” o sea proveniente del lado del consumidor.

En efecto, desde la reinstalación de los Consejos de Salarios, las pautas que guiaron la negociación en general fueron de carácter indexatoria, es decir, ajustes que acompañaban el ritmo de precios -asegurando de este modo la no pérdida del poder de compra- con ajustes adicionales por encima, que permitían la mejora en términos reales. Estas pautas fueron muy exitosas para los trabajadores que experimentaron una mejora de su poder de compra sin precedente. Contradiciendo incluso los augurios de aquellos que sostenía que mejorar los salarios por encima de la inflación podría afectar el empleo o la sostenibilidad de la empresa. De hecho, la economía siguió mejorando incluso, alcanzado niveles de empleo y desempleo históricos desde que se cuentan con estadísticas. Sin embargo, en la medida que las condiciones macroeconómicas comenzaron a verse afectadas, a raíz del deterioro regional e internacional, propiciando una fuerte desaceleración, pero en el marco de altos precios domésticos (presiones inflacionarias), el poder ejecutivo introduce cambios en su política salarial, abandonando el mecanismo de indexación salarial, por ajustes nominales.

Claramente, estos cambios en los lineamientos salariales respondieron a una interpretación de las causas de la inflación por el lado de la demanda, que llevaron a que el gobierno cambiara radicalmente su política salarial. Así pues, la 6ª ronda de Consejos de salarios del año 2015, introduce estos cambios, rechazados de plano por el movimiento sindical por entender, que con ajustes nominales no se aseguraba la mejora del poder de compra, quedando ésta relegada a una situación ajena al trabajador, que es, que la inflación acumulada se ubique por debajo del ajuste. En caso contrario, se pierde salario real, aunque estén previstos correctivos, pero entre períodos más largos. Indefendible, si consideramos que debemos llevar certezas a los hogares, mucho más si se trata del salario que como vimos, es la principal fuente de ingreso de los hogares.

Fue una ronda compleja, difícil, que introdujo en el proceso cambios que fueron paulatinamente permitiendo que se fueran firmando convenios colectivos. Algunos librados a la suerte de que la inflación finalmente se desacelerara. Cuestión que finalmente aconteció -aunque con algunos problemas derivados-  y que alienta al gobierno a continuar con la misma política salarial. En fin, se vencen 205 convenios colectivos que en términos promedio permitieron una mejora real de salarios, en el marco de una inflación inferior a la registrada al comiendo de la ronda anterior de junio de 2015. De modo que, según los anuncios previos, se mantendrían los lineamientos presentados entonces.

Por lo tanto, se espera un período de alta conflictividad por dos motivos concretos en principio: (1) Es la más grande convocatoria desde que existen los Consejos de Salarios, es decir, prácticamente todos los trabajadores se darán cita luego del 30 de junio; y (2) Posiblemente, según lo anunciado los lineamientos serán los mismos, desindexatorios, inseguros en el sentido que no garantizan la mejora real (salvo la inflación, se ubique por debajo del ajuste nominal). De nuevo, los trabajadores no juegan a la ruleta con su salario.

Esperemos la convocatoria al Consejo Superior Tripartito para conocer en primer lugar las propuestas, y en segundo, advertir las chances de introducir cambios que al menos aseguren la mejora real, necesaria para avanzar en democracia y en términos de equidad.

La apuesta de nuestro movimiento sindical organizado es ir por más. Es necesario volver al mecanismo de indexación salarial, que además de mantener de ese modo el poder de compra, asegure su mejora introduciendo ajustes por encima, de acuerdo a algún criterio asociado al desempeño del sector, su competitividad o eventualmente su contribución al empleo. De igual modo, porque ha demostrado ser la política más efectiva, y dado que aun el número de trabajadores que ganan menos de 20 mil pesos líquidos son un porcentaje importante, es necesario, ajustes adicionales para esos niveles salariales (denominados sumergidos).

Hay que seguir combatiendo los bajos niveles salariales y las brechas de ingresos existentes. De modo, que la apuesta sigue siendo más y mejor negociación colectiva, con ajustes que aseguren esta trayectoria. Es una cuestión de derecho, pero también una condición necesaria para avanzar hacia un modelo de desarrollo que contribuya al promover la igualdad de oportunidades y de resultados.

Salud

Por Pablo Da Rocha