“Si la justicia tarda no es justicia”

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Destacado “Si la justicia tarda no es justicia”

Hay 308 causas judiciales sobre violaciones a los Derechos Humanos, contabilizadas por el Observatorio Luz Ibarburu, que se encuentran pendientes de resolución. Distintas organizaciones sociales y de Derechos Humanos denunciaron la lentitud de la investigación y resolución, especialmente en aquellas relacionadas con desapariciones, torturas y violencia sexual. 

Mientras tanto, el tiempo transcurre y más de treinta años después, familiares de las víctimas, y presos y presas políticas de entonces, denunciaron y nos relataron la angustia y el vacío de buscar y no encontrar; de intentar y no llegar. Son historias de frustración ante una Justicia que pareciera empecinada en olvidar, pero también de dignidad de familiares y víctimas que no claudican en la búsqueda de Memoria Verdad y Justicia.

Ante esta realidad, la respuesta de las organizaciones y familiares fue y seguirá siendo de lucha. El jueves 26 de octubre, se realizó una concentración en Plaza Libertad con el lema “Si la Justicia tarda no es Justicia”, organizada por “Denunciantes penales por violación a los Derechos Humanos durante el terrorismo de Estado”, con la adhesión Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos, PIT-CNT, Crysol, FEUU, Serpaj, y OLI.

“Queremos vivir en un país en el que haya justicia”

En la concentración de Montevideo, se realizaron varias en el interior del país, se leyó una proclama. La leyó Karina Tassino, hija de Oscar Tassino, desaparecido.

“Somos denunciantes de crímenes y delitos de Lesa Humanidad.

En un conjunto de acciones y medidas llevadas a cabo por diferentes grupos de víctimas desde la apertura democrática hemos recorrido todos los caminos legales posibles, en forma de testimonios, libros, acciones con organizaciones de DDHH nacionales e internacionales ante las instituciones, frente a la sociedad toda.

A lo largo de estos años, hemos logrado algunas leyes parciales de reparación y restitución, instancias de memoria y reconocimiento; traducidas en normas y agendas de derechos que se institucionalizaron.

Pero aún es insuficiente, puesto que la cultura de la impunidad sigue presente en el antes como en el ahora, y sigue insatisfecha la demanda de justicia.

En ocasión de reunirse en Montevideo del 23 de octubre al 1° de noviembre de 2017 el 165 Período Ordinario de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Montevideo, y conociendo la sensibilidad que en numerosas ocasiones ha demostrado la sociedad uruguaya, queremos trasmitir y compartir una gran preocupación.

Esta se motiva en la extraordinaria demora que sufre el trámite de 300 Causas Penales iniciadas hace ya muchos años.

Si bien los Estados deberían cumplir con los tratados y Convenciones internacionales que suscriben y de los que son parte, muchas veces son omisos, como en el caso de Uruguay en la última reunión en Buenos Aires cuya voluntad fue representada por una silla vacía.

Los crímenes de Lesa Humanidad se siguen perpetuando en el tiempo, y son una afrenta y ofensa a la dignidad de las víctimas directas, a la sociedad uruguaya y a la humanidad.

Somos personas que hemos denunciado violaciones a los derechos humanos cometidos durante el período del Terrorismo de Estado. Secuestros, torturas, prisión prolongada, violaciones sexuales, asesinatos y desapariciones.

Como cualquier compatriota cuando se presenta ante un juzgado penal, esperamos que se cumpla con lo que establece la Constitución, esto es que, efectivamente, todos seamos iguales ante la ley.

Reclamamos que se cite a quienes hemos acusado, queremos que se den curso a los expedientes, queremos que se condene a aquellos que los jueces encuentren culpables. Hay decenas de pedidos fiscales de procesamiento por estos delitos, la justicia tiene que expedirse y no permitir ser demorada por las chicanas y dilaciones que están interponiendo los acusados.

Exigimos que el Estado uruguayo cumpla con las sentencias internacionales, que cumpla con la Constitución de nuestra República, que desarrolle una política pública de persecución penal a los delitos de lesa humanidad, delitos que no son prescriptibles según el derecho internacional.

Queremos vivir en un país en el que haya justicia. Por nosotros, que fuimos víctimas del Terrorismo de Estado, pero, especialmente, lo queremos por la sociedad uruguaya, la de hoy y la de nuestros nietos.

Por último, convocamos, para este 26 de octubre de 17 a 20 horas, a una concentración masiva en la Plaza Libertad en la que haremos público nuestro reclamo frente a la Justicia Uruguaya y frente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

La justicia, cuando demora, no es justicia.

Denunciantes de causas penales de violaciones de los derechos humanos durante el Terrorismo de Estado”.

Los testimonios

Previamente se lanzaron una serie de audiovisuales testimoniales, que fueron reproducidos en la Plaza Libertad. Compartimos algunos de estos, que se encuentran disponibles en Youtube con el hashtag #nohayderecho

Alondra Balbi, 47 años, hija de Alvaro Balbi, asesinado.

“Mi padre Alvaro Balbi fue asesinado en la tortura cuando yo tenía cinco años. En varias oportunidades me crucé con uno de sus torturadores, con Alem Castro, que cuando la justicia lo llamó a declarar había muerto hace pocos días. En más de treinta años con gobiernos de izquierda y de derecha, el asesinato de mi padre continúa impune”.

Sebastián Ortiz, 51 años, hijo de Felix Sebastián Ortiz, desaparecido.

“A mi padre lo asesinan y lo desaparecen en el año 81. Su única culpa fue amar la vida. Era un hombre que luchó por sus ideales, por una sociedad más justa, más humana. Este hecho, obviamente, repercutió en toda la familia y todos, inclusive hasta sus nietos, la tercera generación, siguen luchando por verdad, memoria y justicia y contra la impunidad”.

Verónica Mato, 40 años, hija de Miguel Mato, desaparecido.

“Cuando tenía cinco años los Reyes Magos me regalaron mi primera bicicleta; era 1982. Todavía recuerdo las manos fuertes y cálidas de mi padre ayudándome en las caídas. La mañana del 29 de enero de ese mismo año, mi padre fue secuestrado por OCOA y llevado al Centro clandestino de “La Tablada” donde fue asesinado. Mi padre se llamaba Miguel Ángel Mato, tenía 28 años, era trabajador y militante comunista. Su causa judicial sigue abierta. Mi abuela, mi madre y yo pedimos justicia. ¿Vos podes ayudarnos?”.

Marisa Fleitas, 56 años. Presa Política.

“En abril de 1975 se desató el horror en Treinta y Tres. Cuarenta adolescentes de entre 13 y 18 años que resistíamos la dictadura fuimos detenidos, encerrados en el cuartel, encapuchados, golpeados, abusados y torturados salvajemente por los oficiales del Batallón de Infantería número 10, más el General Gregorio Álvarez, el capitán Pedro Busó y algunos civiles asimilados. Hasta hoy, el silencio cómplice y la injusticia continúan”.

En los testimonios quedan claras algunas verdades: la brutalidad de la represión del Terrorismo de Estado, la injusticia que perfora nuestra sociedad consecuencia de la impunidad, y la vigencia del reclamo de Memoria y Justicia. Un reclamo que pasa de generación en generación y que permanecerá presente, al igual que nuestros compañeros y compañeras, ahora y siempre. 

Paola Beltrán