Lula es condenado a más de nueve años de cárcel por presuntos delitos

El expresidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva, fue condenado este miércoles por el juez federal Sergio Moro a nueve años y medio de cárcel por la presunta comisión de los delitos de corrupción pasiva y lavado de dinero.

Según la acusación del Ministerio Público Federal (MPF), el exmandatario recibió 3,7 millones de reales (más de un millón de dólares) en ‘propinas’ mediante la reforma de un apartamento, cuya propiedad le es atribuida sin que existan pruebas que lo confirmen, y con el pago del almacenamiento de sus bienes.

Lula prestó declaración por primera vez el pasado 10 de mayo ante Moro y reiteró que no es, ni nunca fue propietario del apartamento cuya reforma pretenden atribuirle como presunto pago de ventajas indebidas.

La sentencia de Moro, indicó el diario digital Brasil 247, fue dictada poco menos de 10 meses después de que los fiscales de la operación anticorrupción Lava Jato presentaran la acusación formal.

Coincidentemente, además, la condena fue proferida el mismo día en que la Comisión de Justicia y Ciudadanía de la Cámara de Diputados comenzó a analizar la admisibilidad de una denuncia por corrupción pasiva hecha por la Procuraduría General de la República contra el presidente Michel Temer.

Al presentar los alegatos finales el pasado de 20 junio, la defensa de Lula sustentó con documentos inéditos que aunque el referido apartamento está a nombre de la empresa OAS Empreendimentos S/A, en 2010 todos los derechos económicos y financieros sobre el mismo fueron pasados a un fondo gerenciado por la Caixa Económica Federal.

De acuerdo con la defensa de Lula, la inocencia del expresidente fue comprobada por las declaraciones de los 73 testigos oídos en el caso del triplex, y el hecho que el propio MPF solicitara incluir nuevos declarantes (lo cual fue denegado por el juez de Curitiba) ‘reconoce que no disponen de pruebas de la acusación formulada’.

La decisión de Moro contiene errores fácticos y también provoca nulidad insalvable en el proceso, al denegar la realización de pruebas periciales obligatorias para demostrar quién es el real propietario del inmueble, dado en garantía en operaciones financieras por la empresa de ingeniería e infraestructura OAS, agregaron los defensores.

En julio del pasado año, el ex-dignatario brasileño presentó ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU una petición en la cual argumentaba que la justicia brasileña está violando sus derechos mediante la práctica de actos ilegales, en particular del juez Moro ‘que no pueden ser satisfactoriamente corregidos en la legislación brasileña’.

(Con información de Prensa Latina)