Insólito: Fueron a hacer una inspección ocular en el Batallón No 4 y los recibieron con Armas y una brigada antimotines

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En marzo se cumplieron 32 años que la dictadura se fue con la cola entre las patas en Uruguay. Derrotada y repudiada por la lucha de nuestro pueblo.

Sin embargo aún no se han borrado del todo las huellas de aquel pasado funesto. Hay militares en actividad que a regañadientes aceptan la democracia, y en la primera oportunidad que se les presenta sacan a relucir sus oscuras mentalidades.

No toleran que en unidades militares se coloquen placas recordatorias en homenaje a los que en sus entrañas fueron torturados y asesinados. Y que por las mismas razones la justicia disponga inspecciones oculares en los cuarteles.

En 2016 se sucedieron dos hechos de esas características y hace 15 días otro que mereció una enérgica respuesta de Crysol, la organización de expresos políticos. Veamos.

En mayo del pasado año en el Regimiento de Caballería No 2 de Durazno, cuando se iba a colocar una placa homenajeando al joven trabajador rural Oscar Fernández Mendieta asesinado en el lugar, intervino el comandante de esa unidad militar coronel Walter Borges e intentó oponerse.

Pero la intervención de Roberto Caballero, director de Asintos Jurídicos del Ministerio de Defensa, puso punto final a la discusión y la placa fue colocada.

El comandante Walter Borges fue arrestado a rigor y relevado de su cargo. Hace unas semanas Borges fue destinado al Congo, donde se integró al contingente de las misiones de las Naciones Unidas.

Por su parte en octubre, también del año pasado, la colocación de una placa en el Hospital Militar provocó resistencias entre sus autoridades. Fueron superadas y el hecho pasó desapercibido para el numeroso público en el homenaje a los torturados y asesinados en ese lugar.

Tal cual informara EL POPULAR , a principios de este mes se realizaron inspecciones oculares en el Batallón de Ingenieros de Combate No 4, ubicado en la zona de Laguna del Sauce, en Maldonado. Fueron dispuestas por la jueza letrada de 4to Turno, Adriana Morosini, que investiga una causa por torturas y asesinatos en las entrañas del cuartel.

El jueves 1º de junio recorrieron el lugar seis oficiales del Ejército sin ningún tipo de inconvenientes. Solo uno reconoció el lugar donde se interrogaba a los detenidos y los demás aceptaron que allí se habían desempeñado, lo cual no aportaba nada.

Al día siguiente, seis ex presas, nueve ex presos, la jueza Adriana Morosini, el fiscal Rodrigo Morosoli y los abogados de las partes fueron recibidos por un grupo de uniformados antimotines y armados a guerra.

La jueza Adriana Morosini les ordenó que se retiraran y no tuvieron más remedio que hacerlo.

La carta de Crysol al ministro de Defensa Nacional

"Sr. Ministro de Defensa Nacional

Dr. Jorge Menéndez

Estimado Ministro

El pasado viernes 2 de junio un grupo de expresos políticos concurrió al Batallón de Ingenieros de Combate No 4 en Laguna del Sauce, Maldonado, para recorrer sus instalaciones.

La visita se llevó a cabo con el propósito de identificar los lugares en los cuales fueron torturados durante la dictadura. La actuación fue ordenada por la jueza letrada de 4to Turno de Maldonado, Adriana Morosini, que investiga en una causa unificada una serie de denuncias por secuestros, torturas y desapariciones parciales perpetradas desde abril de 1975 en dicho lugar.

Al llegar al cuartel la comitiva se encontró con un grupo de uniformados antimotines esperándolos y con ostentación innecesaria de armas. Sin dudas con claros propósitos de generar temor y amedrentamiento a quienes debían realizar la tarea, siempre dolorosa para las víctimas, de reconocer lugares traumáticos. Tarea que han asumido para que situaciones como las vividas nunca más vuelvan a repetirse.

El hecho es revelador de una actitud negativa por parte del Jefe del Batallón que no puede ser ignorada ni pasada por alto, ya que no tiene que ver con el pasado sino con el presente actual.

Por la presente solicitamos a Ud. :

1) Se ordene a los comandantes en Jefe de las tres armas que es su obligación colaborar con el Poder Judicial de acuerdo a las normas constitucionales.

2) Se proceda a aplicar la sanción más severa que pueda corresponder al Jefe del Batallón por obstaculizar la actuación del Poder Judicial.

3) La dictadura cívico militar fue una tragedia nacional en múltiples planos, cuyas secuelas perduran hasta el días de hoy. La investigación y castigo de las graves violaciones a los DD.HH. tal como lo señala la Resolución 60/147 de las Naciones Unidas, es la base para impedir que las mismas vuelvan a ocurrir. El Poder Judicial debe cumplir con sus obligaciones sin obstáculos y los denunciantes apoyados, respaldados y protegidos por el gobierno”