Editorial del Semanario El Popular N° 412: “Sanguinetti: Lo que sea por la impunidad”

El director de Inteligencia Policial, durante el primer gobierno de Julio María Sanguinetti, reconoció en la Comisión Investigadora de Espionaje en Democracia, que espío e infiltró organizaciones políticas, sindicales, estudiantiles y de derechos humanos, durante el proceso de referéndum contra la Ley de Impunidad, entre los años 1987, 1988 y 1989. Y además dijo que lo hizo porque en ese momento se le transmitió que “era de interés del gobierno”.

Esta conclusión surge de una doble comprobación: la citada declaración del ex director de Inteligencia Policial entre 1982 y 1990, Máximo Costa Rocha, en la propia Comisión Investigadora; y la información recolectada por el diputado Gerardo Núñez, integrante de la Comisión, luego del análisis de cientos de documentos de Inteligencia Militar del período, que incluso prueban que se infiltraron organizaciones políticas y sindicales, con especial saña el Partido Comunista de Uruguay, con más de 100 agentes.

Los hechos comprobados son de una enorme gravedad. En primer lugar, una vez más se ratifica que en democracia desde los aparatos de inteligencia del Estado se espío e infiltró a organizaciones políticas y sociales. En segundo lugar, que esta práctica no fue solamente por una inercia continuista de lo realizado durante la dictadura, hubo interés de al menos dos gobiernos democráticos, los de Julio María Sanguinetti, entre el 1985 y 1990 y entre 1995 y el 2000, de que estas acciones ilegales se llevarán a cabo. En tercer lugar, el objetivo era defender la impunidad para los crímenes de la dictadura y el terrorismo de Estado, y por supuesto, para los criminales que los realizaron.

El primer punto ya se sabía. Hubo denuncias múltiples desde hace muchos años, todas desestimadas por conspiracionistas. Pero, además, cientos de documentos de Inteligencia Militar, de los denominados “archivos Castiglioni y Berrutti”, lo comprobaron sin sombra de duda. Tanto que la conformación de la Comisión Investigadora se votó por unanimidad en la Cámara de Diputados. Por si esto no alcanzara los directores de Inteligencia Militar que concurrieron a la Comisión lo confirmaron.

Lo nuevo empieza en el punto dos. Hasta ahora tanto en el discurso mediático, como en las declaraciones de los jefes de Inteligencia Militar y de los ex ministros de Defensa Nacional, se sostuvo que eran prácticas que se hacían desde la dictadura y que habían seguido casi por rutina.

Pero esto cambió por completo cuando los que declararon fueron los ex directores de Inteligencia Policial. El 4 de diciembre comparecieron ante la Comisión Investigadora de Diputados tres ex directores de Inteligencia Policial, Costa Rocha; Humberto Fraga Pintos, entre 1995 y 1996 y Sidney Ribeiro, que era director de Inteligencia cuando asumió por primera vez el gobierno nacional el Frente Amplio, en el 2005.

Costa Rocha, ante la exhibición de documentos de Inteligencia Militar que evidenciaban el espionaje, reconoció que se espío y se infiltró a organizaciones políticas, sindicales, estudiantiles y de derechos humanos, durante el proceso para intentar derogar la Ley de Impunidad con un referéndum. Esto es, hubo más de 100 agentes, entre militares y policiales, que hicieron seguimientos, grabaron reuniones, vigilaron locales, para saber el debate interno de las distintas fuerzas políticas que impulsaban la recolección de firmas para impugnar la ley de Impunidad, incluidos sectores del Partido Nacional, también había interés especial por saber cómo iba la recolección de firmas, quienes las juntaban, dónde y cómo. Costa Rocha dijo más, dijo que esto se hacía porque se les transmitió que “era de interés del gobierno”.

Fraga Pintos también confirmó el espionaje, en este caso durante el segundo gobierno de Sanguinetti. Ratificó lo que surgía con claridad de los archivos militares había un cruzamiento de datos con Inteligencia Militar, entre otras cosas, para evitar que personas con “antecedentes subversivos” ingresaran a la Policía o a las Fuerzas Armadas. La palabra “subversivo” es textual de Fraga Pintos. Es decir, en 1995, a diez años de reconquistada la democracia, y bajo el gobierno de Sanguinetti y el Partido Colorado, se seguía usando la calificación fascista de “subversivo”, baste recordar que la pata uruguaya del Cóndor se llamaba Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas, y se aplicaba a quienes habían luchado contra la dictadura y por la libertad. Y en el 2017 la sigue usando, incluso en el Parlamento.

Un apunte más, el citado cruzamiento de datos implica que había un registro de uruguayas y uruguayos y de su actividad política y social. ¿Fue el heredado de la dictadura y Sanguinetti entre otros decían que no existía? ¿Era uno nuevo y lo hicieron en democracia? ¿Era el viejo pero actualizado? Son preguntas que la investigación deberá responder, en todo caso lo que es claro es que había un registro sino sería imposible cruzar datos.

La comparecencia de Ribeiro, que estaba en 2005, permitió comprobar que el gobierno del Frente Amplio, al asumir, comunicó a Inteligencia Policial que esas prácticas, que se denunciaban, se conocían, pero se negaban, debían cesar. Que el gobierno del Frente Amplio no quería vigilar las actividades políticas y de militancia de los uruguayos y las uruguayas.

Cada una de estas comprobaciones es de suma importancia. Esto no puede quedar así, hay que investigar hasta el hueso. Esa es la labor que hay que hacer, no se trata de difundir los documentos de inteligencia al barrer, y entonces reproducir, aún si quererlo, el relato que los servicios hacen. Un archivo de inteligencia es, en sí mismo, una operación de inteligencia. La Comisión Investigadora está realizando un trabajo que implica tomar los archivos como insumo e ir más allá de los documentos, profundizar en lo que dicen y en lo que no dicen.

Habrá que darle tiempo, respaldar su trabajo y seguirlo con mucha atención.

Pero de las comprobaciones realizadas, ya no sólo por los archivos, sino por el testimonio de protagonistas directos, hay hechos gravísimos que están claros.

Durante años se operó desde el Estado para garantizar la impunidad. La impunidad de los crímenes del terrorismo de Estado, la impunidad para los actores de los mismos, la impunidad que garantizara la permanencia casi intocada de los mismos en los aparatos represivos del Estado.

Se sabía, se denunció y se probó que Julio María Sanguinetti había hecho de la impunidad un resorte central de su estrategia de poder, una pieza privilegiada de su tan propagandeada “transición”, que obviamente lo tenía a él como protagonista imprescindible y excluyente.

Se sabía que Sanguinetti mantuvo una relación política de mucha cercanía con figuras de la represión como el coronel Jorge “Pajarito Silveira, torturador y asesino, al que nombró asesor personal del Comandante en Jefe del Ejército. O con el policía Walter “Conejo” Medina, también asesino y torturador, que era secretario del influyente senador, y ex Consejero de Estado de la dictadura, Pablo Millor, del Partido Colorado y con diálogo fluido con Sanguinetti.

Se sabía que Sanguinetti fue el principal defensor de la impunidad como estrategia, el vocero más lúcido y comprometido de la teoría de los dos demonios, negadora del Terrorismo de Estado, legitimadora de la represión, ocultadora del carácter de clase de la dictadura y de sus vínculos con el imperialismo.

Sanguinetti, amparándose en su innegable formación cultural y elocuencia, negó el Plan Cóndor, dijo que en Uruguay no había niños desaparecidos.

Sanguinetti bloqueó cualquier investigación sobre las violaciones a los derechos humanos, incluso la de los niños que estaban desaparecidos. Sanguinetti ni siquiera cumplió con la Ley de Caducidad, y montó una pantomima grotesca, con el famoso artículo 4°, que habilitaba la investigación en el caso de los desaparecidos. Encargó la supuesta investigación a un fiscal militar, Sambuccetti, el cual hizo un informe miserable, que básicamente se resume en que les preguntó a los militares señalados si sabían algo y estos le contestaron que no, fin de la supuesta investigación. Sanguinetti avaló, con mucha elocuencia también, esta valiente “investigación”.

Todo eso se sabía, aunque en el presente se repite y se transmite poco, pero ahora también se sabe que durante su gobierno se mandó espiar e infiltrar para obstaculizar un referéndum, una iniciativa democrática y constitucional.

Sabíamos que durante los gobiernos de Sanguinetti la impunidad fue una política de Estado, que se puso todo el poder del Estado, y algo más, para impedir la verdad y la justicia.

Lo sabíamos. Ahora sabemos hasta que punto eso fue así. Es que, si se trata de Sanguinetti, para garantizar la impunidad: lo que sea.