Editorial del Semanario El Popular N° 407: “Es hora de que haya justicia”

“La cultura de la impunidad sigue presente en el antes como en el ahora, y sigue insatisfecha la demanda de justicia. Reclamamos que se cite a quienes hemos acusado, queremos que se den curso a los expedientes, queremos que se condene a aquellos que los jueces encuentren culpables. Hay decenas de pedidos fiscales de procesamiento por estos delitos, la justicia tiene que expedirse y no permitir ser demorada por las chicanas y dilaciones que están interponiendo los acusados”.

La frase anterior es el corazón del reclamo realizado bajo la consigna “La justicia cuando tarda no es justicia, por denunciantes de violaciones a los DDHH durante el terrorismo de Estado.

Es un reclamo de enorme contenido democrático. Es justo por lo que reclama y por quienes lo reclaman.

Es justo desde una perspectiva humana, en primerísimo lugar, también lo es desde el punto de vista jurídico, político, democrático y desde un plano que siempre será fundamental en cualquier construcción social y ciudadana: el ético.

Es justo porque reclaman justicia quienes defendieron la libertad y la democracia, los hombres y mujeres que fueron perseguidos, despedidos, destituidos, obligados al exilio o a vivir clandestinos, secuestrados, encarcelados, torturados, los familiares de quienes fueron asesinados o desaparecidos.

Los que recorrieron todos los caminos legales durante más de 40 años y no se rindieron nunca, a pesar de que el poder enorme de la impunidad, y los impunes, les cerró las puertas una y otra vez.  Los que denunciaron en plena dictadura afrontando todos los riesgos. Los que volvieron a denunciar, asumiendo el dolor de hacerlo, cuando recuperamos la democracia. Los que enfrentaron, en primera fila, el impacto oscurantista y antidemocrático de la ley de Impunidad. Los que volvieron a denunciar, afrontando otra vez su dolor, cuando la lucha popular abrió el camino para anular la vergonzosa ley. Los que demostraron que decían la verdad y que los impunes y quienes los ampararon mentían y siguen mintiendo.

Este reclamo es parte de la lucha contra la impunidad, por memoria, verdad y justicia y nunca más terrorismo de Estado. El nunca más tiene todos esos componentes y es una construcción social permanente.

Es cierto que la impunidad es mucho más que la ausencia de justicia, pero la comprende. En Uruguay la situación de las causas vinculadas al terrorismo de Estado en la justicia refleja estancamiento, cuando no retroceso. Es una vergüenza.

Según información del Observatorio Luz Ibarburu, instancia generada por el movimiento de DDHH y popular, porque el Estado ni siquiera tiene -ni en el Poder Judicial ni en ninguna otra instancia- un espacio donde se coordine la información sobre las causas, hay 308 expedientes judiciales por causas del terrorismo de Estado, desapariciones, asesinatos, secuestros, torturas, violencia sexual; el 70% de ellas no supera aún la etapa pre sumarial, solo hubo 42 procesamientos, aunque varios represores tienen más de uno, además hubo 7 revocaciones. La mayoría de los peores delitos de la historia nacional continúan impunes.

Esa es la realidad. En el plano judicial, en el de juzgar los peores delitos y condenar a los peores delincuentes de la historia nacional, es donde menos hemos avanzado.

Por eso es tan justo el reclamo planteado. Es un reclamo que interpela a todo el Estado. Superar esta situación implica que el Poder Ejecutivo tome medidas para asumir un rol más comprometido para que avancen las causas judiciales y en la investigación. El Poder Legislativo debe seguir controlando y tomar las medidas que sean necesarias para desbrozar el camino para la justicia.

Y también debe hacerlo el Poder Judicial. Hay que seguir rompiendo el mito del Poder Judicial como una construcción impoluta que no puede ser sometida a crítica. El Poder Judicial es parte del Estado, debe rendir cuentas y ser controlado por el propio Estado y por la sociedad. Es cierto que la independencia del Poder Judicial debe ser respetada. Pero independencia no es sinónimo de ser intocable y menos puede ser un subterfugio para justificar la impunidad, y, por lo tanto, para incumplir con la principal misión que tiene el Poder Judicial: impartir justicia. El Poder Judicial está en falta con su principal tarea y hay que decirlo y lograr superar esa situación.

No se imparte justicia cuando se tolera que se prolonguen hasta el infinito los juicios con chicanas leguleyas. Tampoco cuando se insiste, contradiciendo todos los convenios internacionales suscritos por nuestro país y toda la jurisprudencia mundial en la materia, en no tipificar como de lesa humanidad a los delitos cometidos por el terrorismo de Estado. Menos cuando con esa negativa se da la posibilidad a los impunes de perpetuar su condición de tales arguyendo prescripción de los delitos aberrantes que cometieron.

Todo eso es lo que cuestiona la movilización de ayer jueves. Y está bien que así sea.

Llegados a este punto es importante, reafirmando lo anterior, reiterar algunos conceptos que para nosotros son centrales al definir la lucha contra la impunidad.

La impunidad es el lado oscuro del poder. Pelear contra la impunidad es disputarle la hegemonía al poder en un aspecto central.

La impunidad se sustenta en la mentira, el miedo y el ocultamiento. Salir a la calle, decir la verdad, construirla, defenderla, es clave. Es un avance democrático. La impunidad es incompatible con la democracia. La democracia es un proceso permanente de construcción de libertad e igualdad. La impunidad se sustenta en la opresión, la dominación y perpetúa la desigualdad, ante la ley y ante la vida.

Pero hay una dimensión central que no se puede obviar: la lucha por construir una nueva hegemonía en la sociedad. La hegemonía popular, la de la perspectiva emancipadora, la de la libertad y la igualdad plenas.

En América Latina, y en Uruguay, las dictaduras que practicaron el terrorismo de Estado fueron parte de una contraofensiva del imperialismo yanqui para cortar los procesos de acumulación de fuerzas populares, destruir los instrumentos de lucha popular, impedir cualquier perspectiva emancipadora y garantizar un brutal ajuste del capital contra el trabajo, de las oligarquías contra los pueblos. Fueron dictaduras fascistas por eso, por su carácter de clase y su subordinación al imperialismo, no solamente por sus métodos represivos.

Denunciar el vergonzoso atraso en las causas judiciales no implica no asumir que hemos avanzado en el combate contra la impunidad. La lucha de nuestro pueblo ha logrado avances concretos y simbólicos, particularmente en el plano de la conciencia social.

Hemos entrado a los cuarteles y recuperado los restos de 4 compañeros, Chávez Sosa, Miranda, Blanco y Julio Castro y antes encontramos a los niños y niñas desaparecidos, pero aún nos faltan más de 100.

Se ha avanzado en el conocimiento por parte de la sociedad de la verdad histórica. En el terreno simbólico, de la reparación y la reconstrucción de la memoria, se inscriben las 26 Marcas de la Memoria colocadas por la Intendencia de Montevideo y las más de 50 Placas de la Memoria colocadas en todo el país por la Comisión Especial de la Ley 18.596. La declaración por parte del Poder Ejecutivo del 27 de junio como “Día de la resistencia y la defensa de la Democracia” y la del 14 de agosto como “Día de los Mártires Estudiantiles” y el 14 de marzo como el “Día de los expresos políticos”. La creación del Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia en el ámbito de Presidencia de la República.

La denuncia sobre el espionaje en democracia de los servicios de inteligencia, a la vez que muestra la prolongación, amparándose en la impunidad, de las estructuras y las prácticas del terrorismo de Estado, tuvo una respuesta que implicó un avance en calidad en la lucha en su contra: la conformación de una Comisión Investigadora en Diputados, votada por unanimidad.

Y el avance que entendemos más importante es el de la lucha popular, el del involucramiento de sectores cada vez más amplios de la sociedad en el rechazo a la impunidad. La convocatoria cada vez más grande del 20 de mayo, pero también las decenas de iniciativas con las que miles de uruguayas y uruguayos expresan su compromiso con la lucha por verdad y justicia.

Esto seguirá siendo lo decisivo; el nivel de acumulación social y política que se construya para luchar contra la impunidad. Esa es la mayor derrota de la impunidad, de los impunes y de su proyecto de sociedad.

Y en ese cauce se inscribe el reclamo de este jueves para que se avance en el plano donde menos se ha hecho, el de la justicia.

Por eso expresamos todo nuestro respaldo a este reclamo y a las compañeras y compañeros que lo hacen. Y le decimos, una vez más, a los impunes y a sus defensores y cómplices: Tenemos memoria, y como tenemos memoria, no habrá olvido, y como no habrá olvido no habrá impunidad; tendremos verdad y justicia porque seguimos dispuestos a luchar por ellas.